El hachazo de la «armonización fiscal» de Sánchez costaría 4.300 millones a los madrileños

La «armonización fiscal» con la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere castigar a la Comunidad de Madrid costaría a los madrileños 4.300 millones de euros.

Según cálculos de la Consejería de Economía y Hacienda de la región, esa es la cifra extra que tendrían que pagar los contribuyentes en Madrid si el Ejecutivo de PSOE-Podemos consuma su amenaza y termina por imponer la «armonización fiscal» a la que se opone el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Desde la Puerta del Sol temen que esa armonización sacuda la economía madrileña y, sobre todo, el bolsillo del contribuyente que, aseguran, en los últimos 16 años se ha ahorrado más de 53.000 millones de euros gracias a sus tipos bajos.

La Comunidad de Madrid cuenta con los tramos autonómicos del IRPF más bajos de España, tiene bonificado al 100% el Impuesto de Patrimonio -un gravamen que ya ha desaparecido de toda Europa con la única excepción de España- y al 99%, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para los grupos I y II. Además, cuenta con los tipos más bajos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Para el Ejecutivo autonómico, llevar a cabo una reforma tributaria como la que quiere el Gobierno central, que, a su juicio, «sólo busca imponer un socialismo fiscal», no es sólo pésimo para la economía madrileña sino para el conjunto de España.

«Llevarla a cabo supondría una menor aportación de Madrid al Fondo de Garantía, por lo que las comunidades autónomas que menos tienen tendrían menos recursos para pagar la educación, la sanidad o los servicios sociales», sostienen.

Impuesto «especial»

Madrid -a diferencia del presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, que aboga, en línea con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, por imponer un impuesto especial a los madrileños -defiende que cada comunidad autónoma tenga libertad para decidir sobre su sistema tributario, dentro de los límites legales.

«Si Baleares o Valencia no quieren bajar impuestos es decisión suya,
porque tienen la misma libertad y posibilidad de hacerlo que Madrid, pero
no pueden pretender que Madrid lo haga. El Gobierno regional prefiere
no confiscar a los madrileños el fruto de su esfuerzo», indican fuentes autonómicas.

En este sentido, ponen como ejemplo Andalucía, una comunidad autónoma en la que, gracias a la bajada de impuestos, se ha mejorado «en términos presupuestarios y económicos».

«Tras años de Gobierno socialista el cambio de Gobierno supuso una reducción de la escala autonómica en el IRPF y se bonificó al 99% Sucesiones y Donaciones. Y en abril de 2021, se ha anunciado una nueva bajada de impuestos que afecta a todos los tributos cedidos de gestión propia», explican.

El inexistente ‘efecto capitalidad’

Como contrapunto a quienes critican que Madrid se beneficia de un supuesto «efecto capitalidad», el Gobierno de Ayuso considera que no existe tal efecto porque, asegura, «ser la capital de un Estado no garantiza mayores niveles de renta per cápita que en otras regiones o ciudades de ese mismo país».

«Madrid ostenta la capitalidad de España desde 1561 y es en los últimos
años cuando ha liderado el crecimiento económico y la creación de empleo en España. Desde 2018, es la primera economía española, aportando el 19,3% del PIB Nacional, y la que tiene el mayor PIB per cápita con 35.913», puntualizan.